La Corte Suprema, mediante el Recurso de Casación N.° 973-2022/Ucayali, ha señalado que la colusión es un delito de infracción de deber, pues la conducta es atribuida solo a los funcionarios y servidores públicos, quienes, según el cargo que ocupan en la institución, tienen asignado un deber específico (posición de garante).
