El fallo concluye que el tribunal de primera instancia siguió un procedimiento claramente ilegal, en cuanto no respetó las normas generales y obligatorias que regulan el acto de dictación de sentencia. Por el contrario “diseñó y ejecutó un trámite sujeto a su propio arbitrio”, lo que lesionó el principio de publicidad, oralidad y de concentración del acusado.
