PRISIÓN PREVENTIVA: SOSPECHA FUERTE Y PELIGRO DE FUGA
La Corte Suprema, mediante el Recurso de Casación N.° 1789-2022/Puno, ha señalado que el análisis de la censura casacional se centra en determinar si el mandato de prisión preventiva cumplió con analizar razonablemente el presupuesto de sospecha fuerte (acreditación del hecho delictivo y de la vinculación del imputado con su comisión) y el requisito de peligro de fuga ante la falta de calidad del arraigo domiciliario y familiar, sin perjuicio del cumplimiento del principio de proporcionalidad.
La Sala Penal Permanente ha indicado que es factible que una conciliación, más allá de que era jurídicamente procedente, pueda ser en sí misma colusoria con trascendencia para afectar el patrimonio de un órgano del Estado. Ello será así en tanto en cuanto, para llegar al acuerdo conciliatorio, se vulneren las normas materiales que lo rigen y los procedimientos legales y se llegue a un acuerdo sin apoyo técnico y legal con posible afectación al tesoro público. A su vez, para estimar que existe sospecha fuerte de su realidad, debe acreditarse con un sólido y claro nivel de aporte de datos investigativos que revelen que la posición del órgano público era la única que correspondía y que la decisión anterior, tras la conciliación, se modificó sin un consistente argumento justificativo. En el sub judice, precisamente está en discusión la razonabilidad de la conciliación, aunque cabe puntualizar que lo central, hasta ahora, es que se solo se aceptó retrotraer el procedimiento para determinar si el consorcio incurrió en determinadas conductas merecedoras de una penalidad. Por tanto, este presupuesto (fumus comissi delicti), no puede tenerse por cumplido, por lo menos, en un nivel de sospecha fuerte, que es el que exige el artículo 268, literal a), del CPP. Faltan datos, hasta el momento, de la realidad de un concierto y de la concreta generación de un perjuicio patrimonial. El nivel de sospecha no es el legalmente requerido. El literal c) del artículo 268 del CPP lo que trata de poner de manifiesto es comprobar situaciones concretas y no aceptar meras especulaciones, en función al peso determinante de las circunstancias concretas de la causa y a los hechos acreditados en un nivel de suficiencia. Este es el concepto de peligro procesal que se ha de asumir. En el caso del peligro de fuga –siempre graduable–, la base del análisis debe estar puesta en el conjunto de acciones que una persona pueda desplegar para evitar ser encontrado por el Estado, o desviarlo a éste en su actividad. El arraigo es una de las pautas que permiten valorar la probabilidad de que una persona puede alejarse del proceso, como se indica en el artículo 269 del CPP: se centra en ubicar las relaciones sociales que provocan apego de una persona a un lugar determinado. El imputado es un alto directivo de una empresa China de proyecciones internacionales y, precisamente, la empresa que dirige es parte del consorcio que ejecuta la obra en cuestión. Si bien es un ciudadano chino, no puede sostenerse que por tal razón su arraigo es débil, pues está en Perú por razones empresariales y, como tal, se asentó en nuestro país. Su arraigo tiene la fortaleza del contrato que la empresa que dirige celebró con el Gobierno Regional de Puno. Tratar de modo distinto a personal gerencial o inversionistas extranjeros sería no solo afectar las relaciones comerciales sino introducir un factor diferencial irrazonable que dificultaría el motivo por el que un ciudadano extranjero se asienta en el país.
Esta decisión es relevante, pues brinda alances de la prisión preventiva.
[Accede a resolución en "Decargar"].
