FUNCIÓN FISCAL, PRINCIPIO DE PROGRESIDAD E INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN
La Corte Suprema, mediante el Recurso de Apelación N.° 73-2021/Corte Suprema, ha señalado que en el presente caso, el recurso materia de grado se orienta a evidenciar que el auto impugnado, que dispone el levantamiento del secreto bancario, es lesivo del derecho constitucional al antejuicio político al que tenía derecho el recurrente y que se ha vulnerado su derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
La Sala Penal Permanente ha indicado que el principio de progresividad exige que la función fiscal se despliegue de modo eficiente desde conocida la notitia criminis en los albores de la actividad indagatoria, para que esta sea justificada, diligente y razonable, como rol tutelar del Ministerio Público ejercitante del ius persequendi en un Estado constitucional de derecho, debe tener la posibilidad de alcanzar todos los medios legítimos de convicción posibles para lograr que la sospecha inicial simple alcance a convertirse en sospecha suficiente e idónea para justificar una acusación en forma o, por el contrario, se archive la causa por falta de justificación punible, alejada de cualquier atisbo de negligencia investigadora. La impugnación contra el auto que dispone el levantamiento del secreto bancario contra el recurrente se asienta en argumentos carentes de asidero, que no enervan la validez y eficacia de la resolución impugnada. La cual, al contrario de lo que se alega en el recurso, presenta un fundamento razonado respecto al requerimiento fiscal y se respalda en norma legal pertinente. El recurso de apelación en los términos en que se plantea deviene en infundado.
Esta decisión es relevante, pues brinda alcances del levantamiento del secreto a las comunicaciones.
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