La Corte Suprema estableció como criterio que el lavado de activos no puede considerarse como el mero agotamiento de la colusión agravada, pues este último delito se consuma con el perjuicio al Estado, mientras que el lavado de activos exige verificar si el dinero ilícito fue incorporado al sistema económico mediante actos de conversión, transferencia u ocultamiento. El Tribunal precisó que sostener lo contrario genera "zonas grises" de impunidad, al diluir el lavado de activos como un simple acto posterior de delitos económicos previos, cuando en realidad se trata de un hecho distinto que debe ser objeto de prueba concreta. En el caso, si bien la Fiscalía imputó un concurso real, la Sala Superior absolvió indebidamente al estimar un concurso aparente sin introducirlo al contradictorio, por lo que la Corte Suprema casó la sentencia y ordenó un nuevo juicio de apelación.
