¿Cuál es la naturaleza de la medida de congelamiento administrativo de fondos y su relación con el delito de lavado de activos?

¿Cuál es la naturaleza de la medida de congelamiento administrativo de fondos y su relación con el delito de lavado de activos?

Con el objeto de contribuir al combate contra la delincuencia organizada, el 19 de abril de 2012, se publicó el Decreto Legislativo N° 1106 que introdujo una serie de modificaciones a la Ley N° 27693 “Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú” y, en tal contexto, otorgó a esta entidad la facultad para disponer el congelamiento administrativo de fondos en casos relacionados a los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, bajo determinados presupuestos.

De acuerdo a la legislación de la materia, el congelamiento administrativo de fondos es definido como una medida restrictiva que tiene como finalidad impedir el retiro, transferencia, uso, conversión, disposición o movimiento de fondos o activos vinculados a los delitos antes mencionados; sin que ello implique la pérdida de propiedad sobre los mismos.

Conviene precisar que, se trata de una medida no prevista en nuestro Código Procesal Penal, de manera que, su admisibilidad y procedencia se encuentran reguladas en la Ley N° 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú) y el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS (Reglamento de la citada ley).

De acuerdo a lo anotado inicialmente, en nuestro país, la imposición de esta medida es una facultad exclusiva de la UIF – Perú, que puede ser desplegada a instancia propia o a petición del Ministerio Público, en el marco de una investigación en trámite en la UIF o a nivel fiscal, siempre que esta sea vinculada a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la medida de congelamiento administrativo de fondos, debe tenerse en cuenta que, se trata de una medida de carácter preventivo, provisional y excepcional, cuya aplicación requiere la concurrencia de determinados presupuestos formales y materiales delimitados por la ley y jurisprudencia a lo largo de estos años. 

En ese sentido, la ley exige que esta medida sea dispuesta siempre que exista urgencia o peligro en la demora, así como, necesidad por la dimensión y naturaleza de la investigación. 

Sin embargo, en adición a ello, la Corte Suprema, en el Recurso de Casación N° 33-2018/Nacional, ha sido enfática en afirmar que deben añadirse ciertos presupuestos insustituibles e implícitos que derivan de la naturaleza y características de esta institución. Estos requisitos adicionales son dos: i) existencia de suficientes elementos de convicción sobre la comisión del delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo; y, ii) riesgo de ocultamiento de fondos o activos provenientes de los delitos antes mencionados.

De igual manera, la Corte Suprema ha indicado que la imposición de esta medida requiere una justificación teleológica (esto es, vinculada a la protección de bienes jurídicos tutelados por los tipos penales de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo), y que, además, se encuentra supeditada al cumplimiento del principio de proporcionalidad.

Finalmente, se afirma que tiene carácter provisionalísimo, dado que, si bien la UIF se encuentra facultada a disponer esta restricción, es el juez quien decide la convalidación o revocación de la medida dispuesta. Igualmente, destaca su carácter preventivo, toda vez que tiene como finalidad prevenir riesgos que puedan conspirar contra el éxito de las indagaciones, así como, lograr el aseguramiento de bienes de origen presuntamente delictivo.

 

Silvana Baldeón